Documentos de Observancia |
El primer sector en sentir los efectos de la crisis financiera, fue el Forestal, que está siendo afectado desde 2007, primero por la crisis de la hipotecas, que redujo las exportaciones entre enero y noviembre de ese año en un 33 % respecto a igual período del año 2006, según lo expresado por Reinaldo Ruiz de ODEPA, lo que provocó múltiples despidos.
La crisis global, sólo ha profundizado los efectos de la crisis de las hipotecas en este sector, ya que la demanda externa, donde se incluye la celulosa y el papel, ha registrado una fuerte disminución, lo mismo ocurre con los precios que han registrado una fuerte caída, todo esto podría agravar más aún la situación de los trabajadores. Aunque, como para todas las áreas de la economía nacional, aún no se sabe el alcance que tendrá esta crisis en los forestales, lo cierto es que el desplome del valor de la celulosa –que pasó de US$ 906 dólares la tonelada en mayo a cerca de US$ 590 este mes, según el índice Foex, pero en la práctica el valor está cercano a los US$ 420, prácticamente el costo medio de producción- ya se notan sus efectos. Por otra parte, las empresas del sector incluidas CMPC y Arauco, han cerrado más de 40 plantas, aserraderos y muchas adelantaron vacaciones para sus trabajadores. A ellos se agrega la baja en las exportaciones de tableros y de partes y piezas de madera, que iban a la construcción.El documento es resultado de un diagnóstico sobre la dimensión social, laboral y personal de la crisis en la salmonicultura y los impactos en la vida de trabajadores y trabajadoras que han sufrido despido, sus familias y comunidades. Se presenta el testimonio de cuatro trabajadoras y seis trabajadores, recogidos a través de una entrevista semi estructurada, que constituyen la base de información fundamental de este estudio. Este tipo de registro permite recoger la voz indispensable de los sujetos en la elaboración cualitativa analítica del proceso. Otra fuente de información es el trabajo sistemático de acompañamiento de la crisis en el sector, usando las informaciones disponibles en medios abiertos de los distintos grupos implicados, privilegiando la información y percepción de trabajadores/trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Este tipo de informaciones permite establecer un marco de análisis para el problema y describir la percepción de actores y actoras de forma contextualizada.
El sector agroexportador es uno de los que ha crecido con mayor rapidez en Chile en el curso de los últimos veinte años, en especial lo que concierne a la fruticultura y la vitivinicultura, aunque también ha sido importante el desarrollo de la avicultura y la ganadería porcina. La producción agrícola se direcciona a la exportación, en primer lugar y también a la producción para el mercado interno a precios bajos, manteniendo bajo el costo de reproducción de la fuerza de trabajo.
En la sociedad chilena, como en todas, el papel de hombres y mujeres, sus oportunidades y acceso a educación, trabajo y desarrollo personal y profesional, acceso a recursos y a la toma de decisiones es distinta y tiene marcas culturales propias. Actualmente, estas muestras de inequidad es uno de los desafíos para el desarrollo en las sociedades modernas que exigen un marco normativo eficiente para la incorporación y la igualdad en el trabajo para las mujeres, que les permita conciliar la vida familiar y laboral, junto a la oportunidad de romper con los estereotipos sociales y laborales. Es la experiencia de trabajo entre las mujeres, que las reposiciona en la sociedad, la que al mismo tiempo pone en discusión el orden social que se manifiesta en este tipo de conflictos personales, de clase, cultural y generacional.
Según el informe de Tendencias Mundiales del Empleo (2009) de la OIT, el número de desempleados, trabajadores pobres y empleos vulnerables aumentará de manera espectacular debido a la crisis económica mundial, que es producida por la abundancia y los excesos del capital financiero especulativo, a diferencia del periodo inmediatamente anterior de crisis, originado en la escasez y los desastres naturales.
Un problema laboral latente en Chile es la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y la brecha de diferenciación en su desmedro, que no disminuye. La no-discriminación es uno de los aspectos que define un trabajo decente y las mujeres chilenas son claramente discriminadas con relación a los hombres, aunque la tasa de participación laboral de las mujeres haya presentado un fuerte aumento desde la década de los años noventa empinándose a alrededor del 40%. Esta tasa, aún baja en el marco latinoamericano puede, tal vez, explicarse porque aún no identifican suficientes incentivos para incorporarse al trabajo y que las empresas no las prefieren al momento de contratar como lo demuestran las tasas de desempleo femenino, y también que no cuentan con todas las facilidades y garantías para compatibilizar su rol de madres y trabajadoras.
La motivación laboral es la que explica actualmente la inmigración a Chile, sin embargo, las condiciones de trabajo que enfrentan estos y estas migrantes son, en su mayoría, precarias debido esencialmente a su condición de inmigración, siendo el trabajador y/o la trabajadora ilegal quienes más sufren abusos en sus trabajos.
En ese sentido, se ha planteado con mucha fuerza la idea de la legalización del trabajador migrante con el fin de hacerle partícipe de todos los beneficios laborales que el país reconoce. A pesar de estas iniciativas aún subsiste en nuestro país un flujo migratorio ilegal que va en aumento, por lo que se hace necesario abordar una discusión en profundidad respecto a la creación en Chile de una legislación que posibilite el establecimiento de una ciudadanía laboral para todo y toda migrante provenientes de cualquier país de América Latina.
El abordaje de género de este trabajo es el instrumento de análisis que sitúa y condiciona la visión de un grupo de trabajadoras en su contexto social, en sus relaciones e incorpora las dimensiones que constituyen los condicionamientos sociales de las mujeres, así como el reconocimiento de sus procesos de crecimiento personal y colectivo por la construcción de nuevas y transformadas relaciones entre mujeres y hombres.
En particular, enfoca la dimensión laboral de dirigentas de la agroexportación y la salmonicultura, aunque no se desestiman características psicológicas y culturales, en el marco de funciones y roles en que la sociedad les valora y jerarquiza. Esta visión transversal de la perspectiva de género permite construir conocimiento a partir de las dimensiones y factores del proceso de desarrollo femenino y masculino, con sus singularidades, límites y dificultades, así como las características específicas del ejercicio del poder, de la participación y la valoración del aporte a la sociedad de las mujeres y de los hombres.
El objetivo de esta investigación radica en describir la percepción que tienen los asalariados, las asalariadas y pequeños productores del sur de la Región del Maule respecto de su condición -en tanto sujeto económico- dentro de la cadena productiva de los berries. Chile lidera la exportación de berries dentro del hemisferio sur desde el año 2002, cuando los volúmenes de exportación aumentaron hasta alcanzar un crecimiento de casi 20% anual promedio, considerando cuatro especies principales (frambuesas, arándanos, frutillas y moras).
La Región del Maule muestra en el cuadro de producción nacional una participación de 75% del total de las hectáreas dedicadas a este cultivo en el país, donde la agroindustria ha tenido efectos sociales y culturales, especialmente en la población rural, pues al cambiar el aparato productivo regional para volcarse al mercado externo, se ha trastocado el orden social y laboral. De una economía con baja productividad, la región pasa a la industrialización en el campo, trabajo asalariado, temporal y flexibilizado, con fuerte incorporación de mujeres.
El Observatorio Laboral Chile de CENDA -Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo- presenta resultados de investigación sobre movilizaciones en la temporada agrícola 2007-2008, donde se refleja la realidad y luchas por sus derechos de trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas de la industria agroexportadora.
Bajo la responsabilidad del investigador Rodolfo Tagle, el Equipo Laboral CENDA destaca las diversas formas de movilización de trabajadores y trabajadoras del campo, y particularmente el rol que han pasado a desempeñar una nueva generación de mujeres, quienes han dado muestras de gran energía y combatividad, siendo capaces de vencer las innumerables trabas que hasta hoy existen para su incorporación al mundo del trabajo y, en particular, para su desempeño como dirigentas.
El Estado chileno ha suscrito acuerdos internacionales y bilaterales sobre normas laborales y ambientales y, aunque distintos organismos públicos han comenzado ha incorporar criterios de RSE, no existe una política explícita de su incorporación como un aspecto crítico de las relaciones productivas de las empresas que operan dentro del país o de sus propias acciones como regulador y actor en el mercado.
En las compras públicas es posible introducir elementos de RSE, dado el volumen de los montos que se transan en este mercado, US$ 4.500 millones en 2007 con 280.000 empresas registradas, en la línea de unir la gestión de los organismos públicos con la capacidad del Estado de implementar políticas amplias, de manera de utilizar su poder de compra para lograr avances en las metas de desarrollo sustentable por medio de incentivos y regulaciones, tomando como piso mínimo exigible, en el plano laboral (Convenios OIT), Género (leyes 19.250 y 19.591) y Ambiental (Directivas de la OCDE); además de identificar sectores claves: construcción, alimentación (rubro sensible) y ChileCompra Express.
El Observatorio Laboral Chile - OLAB es un proyecto de observancia, como una práctica y herramienta innovadora de control social y sindical que se propone monitorear permanentemente el comportamiento empresarial en el país. Los estudios sobre la situación laboral buscan crear un sistema de información con y para organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de consumidores y medioambientalitas, de acceso universal y público, sin restricciones a la información financiera, económica, laboral y sindical de multinacionales, translatinas y exportadoras que operan en Chile.
El proceso de monitoreo, con una metodología participativa en cada una de sus etapas, impulsa el desarrollo de un nuevo sujeto sindical, con mayores capacidades y conocimiento de la realidad en que se desenvuelve, conocer sus empresas y cadenas productivas, el funcionamiento de la economía, sus derechos, desarrollar capacidades de interlocución, establecer alianzas sociales y desarrollar propuestas de cambio por la defensa de derecho laboral y el trabajo decente. También es un objetivo impulsar la conformación de redes de organizaciones sociales, sindicales, laborales, medioambientales y organismos del gobierno y del Estado, en el ámbito nacional e internacional, para promover el respeto en las empresas por los derechos sociales, laborales y medioambientales.
El Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, ha consultado a un conjunto de centros de estudio acerca de sí “¿Debe la PYME tener leyes laborales distintas?”. Esta pregunta se hace en un contexto en que los conflictos laborales y la propia constitución del Consejo Presidencial han generado gran inquietud en el empresariado que, con distintos argumentos, busca no modificar el marco legal laboral existente o más bien rebajarlo. Es así como se escuchan voces desde la industria del retail o desde la agricultura señalando que sus sectores son especiales y no se debiera aplicar la legislación laboral como al resto de los trabajadores y las trabajadoras. Lo mismo ocurre con la PYME, pero planteado principalmente desde el gran empresariado, lo cual llama a sospecha.
El sistema tributario chileno es profundamente regresivo. Ello no se modifica, sino que alcanza expresiones aún más indignantes, porque en los primeros nueve meses del año, de acuerdo a antecedentes oficiales la recaudación de impuestos a la renta haya pasado a constituir en 45,3% del total, mientras que lo percibido por el IVA porcentualmente disminuyó a 41,4%. Es una relación que se produce por primera vez en 18 años. La explicación del cambio reside en la tributación de los consorcios privados cupríferos en un importante porcentaje por las gigantescas utilidades que se llevan del país. En las informaciones que se entregan públicamente habitualmente se destacan los impuestos que cancelan y no las remesas de utilidades las cuales constituyen un atentado muy grave para el país. Son recursos que se extraen de la economía nacional.
De acuerdo con las cifras oficiales, el Producto Bruto Interno por persona en Chile estaría acercándose en el presente año 2007 a la nada despreciable suma de Diez mil dólares anuales ( US$ 10.000 ). Por cierto, esto es algo que llena de satisfacción tanto a las autoridades de gobierno como al empresariado nacional y otros ricos de este país, que consideran tal resultado y sus indicadores asociados como una prueba fehaciente del éxito que muestran tanto la gestión de la actual Administración como la continuada implementación del modelo económico vigente, herencia casi intacta de la época dictatorial. Sin embargo, tanto dicho “entusiasmo” como la cifra misma constituyen un verdadero engaño, puesto que reflejan una situación muy diferente a la que realmente prevalece en nuestro país.
Erradicar la pobreza ha sido objetivo de distintos gobiernos en Chile, ha estado presente como problema de Estado y por tanto en el diseño de las políticas públicas. El principal compromiso de los gobiernos de la Concertación, de crecimiento con equidad, ha estado marcado por la meta de disminuir los niveles de pobreza. Es preciso recordar que dichas metas se encuentran enmarcadas en compromisos internacionales, velados por los organismos multilaterales, a los cuales se ha sumado nuestro país en el proceso de integración internacional. Conocer la cantidad y la estructura de la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad debido a la falta de ingresos para resolver sus necesidades básicas, se vuelve entonces necesario. De esta manera se hace imprescindible contar con indicadores fiables y oportunos que permitan evaluar el logro de las metas gubernamentales.
La razón fundamental de que Chile permanezca entre los países de peor distribución de los ingresos a nivel mundial reside en el esquema económico seguido de apertura irrestricta en el plano comercial y en el movimiento de capitales reduciendo al mínimo la intervención del Estado y las acciones regulatorias. “Los mercados –señaló el premio Nobel de Economía 2007, Eric Maskin- han hecho la distribución de los ingresos más desigual. La brecha entre ricos y pobres –añadió, analizando el curso distributivo en el plano global- es más grande que antes”. Refiriéndose a Chile fue igualmente enfático: “El libre mercado –puntualizó- producirá más desigualdad de lo que un país podría querer” (19/10/07). La explicación es obvia. “El “libre mercado” no tiene nada de tal, sino que predominan en su interior grandes intereses económicos. Chile constituye un ejemplo relevante de ello, ya que en los más variados mercados el grado de concentración es extraordinariamente elevado y esos actores dominantes se quedan con una parte extraordinariamente elevada del ingreso total, mientras que la dispersión asociativa de sus trabajadores facilita esta exacción.
Las normas laborales vigentes influyen poderosamente en la inequidad distributiva existente en el país. El tema se ha puesto fuertemente de actualidad con movilizaciones sociales de gran envergadura como las efectuadas por los trabajadores de empresas contratistas de Codelco y Celulosa Arauco que han planteado temáticas nuevas en cuanto a la organicidad de los trabajadores y a los mecanismos de resolución de los conflictos legales, superando las limitaciones que imponen las disposiciones vigentes. El bienestar económico de un país- como manifestó la conferencia Episcopal con posterioridad al acuerdo entre los trabajadores a contrata de Codelco y la empresa a cuprífera- no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta…”.
Chile permanece entre los países de peor distribución de los ingresos a nivel mundial. El índice de Gini entregado al establecer esta relación con los datos de la Encuesta Casen 2006, de 0,54, presentado precipitadamente como una inflexión en la tendencia al deterioro distributivo, la “única conclusión certera” a que conduce, como anotó el economista de la Universidad Católica Felipe Larraín, es que “seguimos estando entre los países más desiguales del mundo. Incluso hay varios países latinoamericanos con una situación menos regresiva, entre ellos Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El trabajo muestra los resultados para sus afiliados del sistema de AFP y las cías de seguros relacionadas con el negocio, consideradas ambas industrias en su conjunto, a lo largo de los 25 años de operación del sistema previsional privado en Chile. En conjunto, las AFP y Cías. de seguros - las cuales pertenecen a los mismos conglomerados - se han embolsado uno de cada tres pesos cotizados en el sistema.
A diciembre del 2006, pagaron 606 mil pensiones, sin embargo, sólo 163 mil son de vejez, siendo la mayor parte pensiones anticipadas y otros beneficios no percibidos por adultos mayores. Ello se compara con 1,2 millones de pensiones otorgadas por el sistema público a adultos mayores, de un total de 1,6 millones de pensiones públicas el 2004.
