El 11 de mayo de 2011 el senado chileno aprobó el Convenio UPOV 91 que permite que las transnacionales Monsanto, Syngenta, Dow Agroscience y Pioneer (agrupadas en Chile Bio) registren por 25 años semillas híbridas y transgénicas de árboles y vides, y por 20 años las demás especies.
La nueva versión del derecho de obtentor abarca desde la semilla, todas las partes de la planta, hasta la cosecha, prohibiendo el intercambio de semillas y su reutilización, prácticas que son habituales dentro del campesinado chileno y costumbres milenarias de pueblos originarios. Aún más, no sólo se prohíbe su intercambio y utilización sin pagar los derechos correspondientes, sino que además se criminalizan estas prácticas ancestrales.
Finalmente, el proyecto de ley de obtentor vegetal entrega el poder de fiscalizar la propagación y el uso de semillas registradas a las mismas empresas que gozan de los derechos de obtención36, liberando al Estado del rol de garante de tal condición y, por lo tanto, abriendo espacio para la creación de cuerpos policiales privados ya existentes en otros países como EE.UU.
Monsanto produce 91% de las semillas transgénicas y su socio Cargill procesa y comercializa la mayor parte de la soya y los granos a nivel mundial; Syngenta, líder mundial en agroquímicos, tercer productor mundial de semillas después de Monsanto y Dupont, está asociada con Archer Daniels Midland, otro líder mundial en procesar y comercializar productos agrícolas.
Por qué es tan importante el rechazo al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91), que fuera aprobado por el Senado.
Cuando hablamos de UPOV 91, hablamos de semillas genéticamente modificadas, hablamos de lesión al derecho del pequeño productor agrícola y hablamos de violación de los derechos de pueblos indígenas.
UPOV significa la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado por primera vez en París en 1961, constituyéndose en la primera forma de propiedad intelectual en este ámbito. La evolución de los UPOV ha ido incorporando cada vez más mecanismos de apropiación y control por parte de quienes gozan de estos derechos, lo cual ha contribuido a la cada vez mayor concentración y control de especies vegetales en manos de grandes transnacionales.
“Como una Victoria para las matronas y para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, calificaron las diputadas PPD Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, la aprobación por 77 votos a favor, del proyecto de ley que reafirma en la ley la facultad de las matronas para recetar anticonceptivos. 
